Autorización legal para rostros y personas identificables en pantalla — obligatoria para actores, comparsa, cualquiera cuya imagen sea utilizable. Sin liberación: juicio.
Quien filma a una persona ante la cámara —ya sea un actor principal o un extra de fondo— necesita el permiso por escrito para utilizar esa imagen. Esto no es opcional, sino una necesidad legal que se deriva del derecho a la propia imagen. Sin autorización, no puedes explotar la película, ni llevarla al cine, ni emitirla en streaming. La persona afectada puede demandarte, conseguir que se prohíba la película o exigir una indemnización por daños y perjuicios. Esto no es un horror teórico, sino que ocurre con regularidad.
En la práctica, esto significa que cada actor firma un contrato de derechos de imagen antes de que suene la claqueta. En él, renuncia a oponerse al uso de su imagen en la película terminada y en todas las formas de explotación asociadas —cine, TV, streaming, inscripciones en festivales, tráileres, fotos de prensa—. La duración del contrato es limitada (generalmente de 5 a 10 años para derechos de TV, ilimitada para películas) o puede ser indefinida. El contrato también regula si su nombre aparecerá en los créditos y cómo se protege su imagen, por ejemplo, si se prohíben las manipulaciones de imagen o las distorsiones contextuales.
Para los extras, la gestión es más pragmática: los figurantes masivos firman autorizaciones colectivas al inicio del rodaje o reciben consentimientos verbales con testigos. Pero incluso aquí: sin firma = riesgo. Muchas producciones filman en espacios públicos (escenas callejeras, estaciones de tren), donde rigen otras normas. Las personas cuya cara no es identificable o que solo actúan como masa estadística a menudo no necesitan una autorización individual. Sin embargo, tan pronto como una persona es reconocible, lleva su nombre o tiene un papel con diálogo, se aplica la obligación de los derechos de imagen.
Con material de archivo, grabaciones históricas o documentales, la cosa se complica. Aquí necesitas o bien el permiso original o autorizaciones posteriores de los implicados, o bien trabajas con excepciones legales (interés público, libertad artística, los "muertos que hablan"). Los departamentos legales lo revisan caso por caso.
Las tarifas por los derechos de imagen suelen ser pequeñas en la planificación, pero subestimadas. Un actor principal lo negocia como parte de su caché. Para los extras, suele estar acordado de forma global. La carga administrativa —recopilar contratos, legalizar firmas, mantener archivos— recae en los jefes de producción.